Alcira Argumedo
Diputada Nacional Proyecto Sur
 

General Motors
Junio 2009

Durante casi un siglo solía decirse “lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos”. El gigante de la producción automotriz fue hasta hace menos de dos años la mayor empresa de este rubro en el mundo, hasta que la japonesa Toyota ocupó ese lugar: fue poco tiempo antes del derrumbe de Wall Street y de la quiebra de esa corporación que, entre otros países, tiene en Argentina una filial. En la base de la actual crisis mundial, se encuentra la descomunal concentración y polarización de la riqueza, exacerbada a nivel nacional e internacional durante las últimas décadas por la globalización neoliberal y una reconversión tecnológica salvaje, basada en el desplazamiento masivo de trabajadores. Se trata de una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, en tanto el 30% de la población más rica del planeta concentra el 94% de los ingresos; y ese 30% constituye un mercado excesivamente estrecho ante el incremento de la productividad generado por las tecnologías de avanzada, junto a la emergencia de nuevas potencias productivas como India y China. Sin analizar en profundidad otros aspectos que convergen en el estallido de la crisis, bajo toda evidencia la única posibilidad de superarla es promover una redistribución en gran escala de la riqueza social. No obstante, la tendencia predominante ha sido el apoyo del Estado a las grandes corporaciones y bancos, incluyendo procesos de estatización para garantizar su sobrevivencia, que se combinan con una racionalización empresaria basada en el despido de trabajadores, como es el caso de Estados Unidos. En ese contexto, presenciamos en nuestro país una situación paradójica: ANSES ha otorgado, a través del gobierno, un préstamo de doscientos millones de dólares a la filial argentina de la General Motors, con el fundamento de evitar el despido de sus trabajadores. Como es sabido, más del 80% de de los jubilados y pensionados en Argentina cobran el mínimo de $ 730, lo cual los sitúa bajo la línea de pobreza; pero en vez de recibir un aumento como parte de las necesarias políticas de redistribución de la riqueza, se han transformado en banqueros indirectos que otorgan préstamos a la otrora gigantesca corporación automotriz. ¿Será que en este mundo raro ahora “lo que es bueno para la General Motors es bueno para los jubilados argentinos”?

    

 

LA DISCUSION SOBRE EL DNU PARA EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA CON RESERVAS
De eso no se habla
por Alcira Argumedo (articulo publicado en Pagina 12 del dia 8-3-2010)

En las múltiples y turbulentas discusiones sobre el DNU, es sintomático el silencio acerca de las posibilidades existentes para obtener ingresos fiscales que no provengan del uso de reservas ni de ajustes en despidos, salarios y gasto social. Al mismo tiempo, se descalifica la necesidad de abordar una auditoría de la deuda pública, susceptible de establecer cuál es la proporción legítima y cuál la fraudulenta: remarcamos que se trata siempre de la misma deuda contraída por la dictadura militar; sólo ha sido sometida a numerosas y oscuras renegociaciones: Brady, Blindaje, Megacanje, Lavagna-Kirchner.
Alcira argumedo

Ante la propuesta de investigar la deuda, se acusa a Proyecto Sur de irracionalidad e irresponsabilidad: en estos mismos momentos el Parlamento de Brasil, con el aval del presidente Lula –al que nadie considera irracional e irresponsable–, está investigando la deuda brasileña de los últimos treinta años. Tampoco es irracional e irresponsable el presidente Rafael Correa de Ecuador, quien abordó una rigurosa auditoría: cuando los acreedores supieron que se habían registrado prolijamente todos y cada uno de los desfalcos cometidos, acudieron pronto a negociar aceptando el pago de una tercera parte de lo demandado. Ambos mandatarios cumplen así con la Declaración aprobada por el Parlamento Latinoamericano durante su reunión de Panamá en diciembre de 2008, que los delegados del gobierno argentino apoyaran, marcando el imperativo de investigar las deudas de nuestras naciones.

La actual deuda pública no es algo del pasado –como la de la Baring Brothers en el siglo XIX– en tanto continúa produciendo durísimas consecuencias para la gran mayoría de nuestros compatriotas. Baste tomar algunas cifras del Presupuesto nacional 2010, cuya revisión también propone Proyecto Sur: gasto público en Salud, 10.160 millones de pesos; gasto público en Educación y Cultura, 19.431 millones de pesos; pago de intereses de la Deuda Pública, 26.676 millones de pesos. Con el único requisito de saber sumar, puede comprobarse que los intereses de la deuda (solamente intereses) insumen casi el equivalente a la suma del gasto público previsto en el presupuesto para Salud y Educación este año, y tenemos por delante muchísimos años: los cálculos optimistas indican que, de cumplirse con todos los vencimientos anuales de intereses y capital, sin contraer más deuda, en el 2089 los argentinos que queden estarían a mano. Si ahora se pagaran los 25.000 millones de dólares de capital que vencen en 2010, significarían unos 100.000 millones de pesos adicionales: en total, cinco veces los montos destinados en el Presupuesto a Salud y Educación.

Nadie puede negar que el incremento de la pobreza y la precarización laboral, los dramáticos problemas de vivienda y salud, la crítica situación del sistema educativo son algunas de las secuelas directas del tratamiento de la deuda en las tres últimas décadas. Esto se denomina efecto continuado sobre la mayoría de la sociedad argentina –reforzando, entre otros aspectos, su carácter de “deuda odiosa”– y respalda la validez histórica de afrontar una auditoría como lo han hecho Ecuador y Brasil, reivindicando su dignidad nacional. Un contraste con las declaraciones del ministro Florencio Randazzo, quien durante un programa en TN afirmara que si bien todos sabemos que el 70 por ciento o el 80 por ciento de la deuda es ilegal, debe pagarse. Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad.

Cuando se analizan otros aspectos del Presupuesto 2010, resaltan cifras de las cuales tampoco se habla: para subsidios del Estado a las corporaciones –entre otras Repsol, Panamerican Energy (British Petroleum y Standard Oil) o Barrick Gold– en regímenes de promoción, exenciones del impuesto a las ganancias y reintegros, están previstos unos 11.400 millones de pesos; además, según García (Página/12, 6/2/2010), se “permite a empresas hidrocarburíferas dejar en el exterior más del 70 por ciento de los montos exportados y a las mineras, el ciento por ciento”, sumado a “las utilidades y dividendos remitidos por las empresas de capital extranjero, que vienen creciendo aceleradamente”. Es posible comparar estos datos con el costo neto de 7326 millones de pesos en concepto de universalizar las asignaciones familiares; mucho menor que las dádivas a las corporaciones privilegiadas.

Silencio sobre otras fuentes potenciales de ingresos fiscales: si se restablecieran las contribuciones patronales de las grandes empresas (no de las Pymes) al nivel de 1993, cuando Cavallo las disminuyó drásticamente, la Anses recibiría unos 15.000 millones de pesos; un impuesto mínimo a las transacciones financieras aportaría otros 11.000 millones de pesos. El señor Cristóbal López y sus socios no pagan impuestos por los importantes beneficios derivados de la aberrante expansión del juego en todo el país; pero la señora de la villa que compra un kilo de harina, aporta el 21 por ciento. Silencio sobre la necesidad de gravar las ganancias extraordinarias, que alcanzaron el 50 por ciento anual para los bancos y varios grupos económicos, según señala el asesor jurídico de la CGT, Héctor Recalde, basándose en datos de la Bolsa de Comercio: en Japón las empresas consideran un gran éxito obtener ganancias cercanas al 10 por cento . Silencio sobre la inflación que carcome los ingresos populares y obliga a reconstruir un Indec en el cual pocos creen.

De este modo, si simplemente se restablecieran los aportes patronales, se anularan las prebendas a las corporaciones y se impusiera un mínimo gravamen a las transacciones financieras, el Estado tendría aproximadamente 42.000 millones de pesos, equivalentes a unos 11.000 millones de dólares, que casi duplican las reservas del DNU. En esta breve síntesis, esbozada como base para un debate serio y sin exacerbar conflictos, sobre el futuro de la Argentina en el marco de la actual crisis mundial (Zaiat, Página/12, 6/2/10), puede percibirse que Proyecto Sur no es funcional a los neoliberales ni promueve ajustes en los salarios y el gasto social (Bruschtein, Página/12, 6/2/10); más bien es posible preguntar quién es funcional al neoliberalismo. Somos una fuerza política comprometida con el interés nacional y el futuro de las mayorías sociales, en particular el de nuestros chicos y jóvenes condenados a la pobreza y la indigencia; no tenemos compromisos económicos con nadie ni estamos en oferta: nuestra decisión es hacer lo imposible por frenar el saqueo iniciado con la dictadura militar al costo brutal de 30.000 desaparecidos y sus consecuencias, el otro costo brutal en vidas humanas por hambre, miseria y enfermedades curables. Investigar la deuda fraudulenta es una forma más de reconstruir la memoria y revertir en parte aquello que denunciara Rodolfo Walsh en su ya mítica Carta a la Dictadura Militar.


 

ANTE ABERRANTES CALUMNIAS POR CASO MALVINAS ARGENTINAS

Argumedo desmiente que Proyecto Sur haya accionado contra decreto presidencial

La diputada nacional Alcira Argumedo se refirió a "la gravedad de las aberrantes calumnias que están haciendo circular, afirmando que Proyecto Sur y otros partidos se habrían presentado como querellantes ante la Justicia contra el decreto de la presidenta Cristina Kirchner tendiente a impedir a los ingleses la exploración de petróleo en Malvinas" y solicitó que "se hagan conocer los nombres de las personas que hacen tal afirmación."

Argumedo sostuvo: "Las acusaciones anónimas son una metodología de los servicios de inteligencia más oscuros y estamos dispuestos a no permitir el avance en nuestro país de tales personajes."

Este jueves, a través de un comunicado de prensa, Proyecto Sur se desligó del correo electrónico en circulación y que fue enviado a cientos de organizaciones en el país.

El correo en cuestión señala: “Monner Sans, Morales de la UCR, Iglesias del PRO, Solá del Peronismo disidente, Pino Solanas de Proyecto Sur, Julio Cleto Cobos del Partido de la Traición, se presentaron ante el Partido de la Justicia como querellantes contra el decreto de la Presidenta Cristina de no dejar explorar a los ingleses en las Islas Malvinas. Ni Justicia por traidores”.
Alcira Argumedo

 

 

 

 

 

El “lebensraum” argentino del siglo XXI

Basada en el concepto de razas de las ciencias biológicas por entonces en auge, la teoría del lebensraum –del espacio vital– fue formulada hacia fines del siglo XIX por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1906). La teoría fundamenta el derecho de los pueblos superiores a apoderarse de los territorios de los pueblos salvajes, atrasados e inferiores –y si es preciso, eliminarlos– con el fin de utilizar esos territorios como espacio vital requerido para desplegar en ellos la civilización. Estas ideas legitimaron la expansión imperialista de las potencias europeas y Estados Unidos entre 1871 y 1914, cuando someten a la expoliación bajo formas coloniales o neocoloniales al 82 por ciento de la población mundial en Asia, Africa y América latina. El “espíritu de época” en Alemania y el Occidente central en esos tiempos tuvieron su influencia en las clases privilegiadas de América latina, que habían consolidado las repúblicas oligárquicas. La Conquista del Desierto del general Roca se enmarca en estas concepciones, legitimando el genocidio de los pueblos mapuches, así como la entrega de más de 2 millones de hectáreas de ese espacio vital a su amigo Martínez de Hoz, para que desplegara en ellas la civilización.

El pequeño Adolfo Hitler (1889-1945) habría incorporado tales ideas cuando cursaba su escuela en Linz, en tanto la convicción acerca de la superioridad de la raza blanca era el centro de la cultura occidental dominante y del sentido común, reproducido mediante el sistema educativo. Al ser designado canciller de Alemania, desde 1933 retoma para el Tercer Reich las enseñanzas de Friedrich Ratzel sobre el lebensraum, con el fin de aplicarlas a las naciones eslavas del este europeo y a otras razas inferiores como el pueblo judío y los gitanos. Haciendo un salto en la historia –y sin ignorar que la teoría continuó siendo utilizada en países de Africa y América latina a pesar del espanto del Holocausto–, en los albores del siglo XXI la vemos emerger en la Argentina bajo la modalidad del desmonte de bosques nativos, con el desplazamiento de campesinos e indígenas que desde tiempos ancestrales viven en ellos y de ellos obtienen su sustento. Entre otros, gobernantes y funcionarios corruptos, grandes corporaciones locales o extranjeras, junto con pooles de siembra y empresarios amigos, son ahora las razas superiores que pretenden legitimarse en una moderna teoría del lebensraum, con el objetivo de desplegar sus negocios civilizados en esos espacios vitales.

Despojados de sus territorios, acosados por el hambre y la angustia, vemos morir por desnutrición a chicos y ancianos aborígenes o campesinos en Salta, en Chaco, en Formosa, en Misiones y en otras provincias, mientras enfermedades como el dengue se propagan a causa de esos desmontes y de la migración o la muerte de los pájaros que se alimentan de los mosquitos transmisores. Tartagal fue otra consecuencia de la moderna teoría del lebensraum –a pesar de los intentos por explicarnos que era un “fenómeno natural”–, sin mencionar las secuelas de los agrotóxicos en distintas regiones del país. Una consecuencia más ha sido la muerte, también en Salta, del joven ava guaraní Fabián Pereyra, asesinado por los guardias privados del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal el 15 de septiembre de 2006, por hurtar naranjas en tierras ahora pertenecientes a esa noble empresa, aunque durante siglos fueran patrimonio de los antepasados de Fabián.

Ante las resoluciones 327 y 334/09 promulgadas por el gobernador Juan Manuel Urtubey, promoviendo la “reanudación de la ejecución de las tareas de aprovechamiento forestal en los departamentos de San Martín, Orán y Santa Victoria” –es decir, continuar derribando árboles en el norte salteño–, las comunidades indígenas presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que solicita la inmediata suspensión de tales resoluciones. La tragedia de Tartagal en el mes de febrero de 2009 impulsó la tardía reglamentación de la Ley de Bosques –aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2007– y aconsejó prudencia al gobernador salteño. No obstante, apenas los medios de comunicación dejaron de centrarse en la conmoción del alud que destruyera gran parte de esa ciudad, se reanudó la devastación de los montes. En un fallo que está lejos de honrarlos, el pasado 11 de agosto los siete miembros de la Corte Suprema rechazan el amparo y permiten al gobernador seguir adelante con su proyecto, sin tomar en consideración las denuncias de talas y desmontes clandestinos que, según declaraciones de las comunidades afectadas, acompañaron ese recurso de amparo. El fundamento básico de nuestro máximo tribunal es de carácter semántico, ya que diferencia prima facie los conceptos de “aprovechamiento forestal”, “tala” y “desmonte”; aunque en los hechos los tres conceptos se vinculan con la destrucción de árboles en los montes nativos, habilitando los negocios de los nuevos seres humanos superiores y degradando el hábitat de las comunidades originarias. Por lo demás, en Tartagal nunca quedó claro si los árboles cortados que arrastrara el alud, causando muerte y duros sufrimientos, se debían a “aprovechamiento forestal”, “tala” o “desmonte”: tres modalidades por medio de las cuales se está ejecutando la teoría del lebensraum en Salta y en varias provincias argentinas.

En esos mismos días llegaron a Buenos Aires veinte mujeres representantes de comunidades wichís y guaraníes de Salta, con el propósito de denunciar y hacer visible ante nuestros ojos que el avance de los desmontes y la depredación de sus territorios significan de hecho una condena a muerte para esas comunidades. La desproporción de sus fuerzas frente a las nuevas razas superiores del país evoca la epopeya de otras mujeres con pañuelos blancos que enfrentaran a la dictadura. Ahora se supone que estamos en democracia y los ciudadanos detentan el derecho a la vida y a la igualdad: todo indica que no es así. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de respuestas por parte del INAI, de la Secretaría de Medio Ambiente y de otros organismos de gobierno ante los cuales plantearon sus reclamos, nos permite afirmar, con profundo dolor, que los sentimientos de nuestros compatriotas indígenas y campesinos en esta Argentina no distan demasiado del de los judíos bajo el Tercer Reich.

Pero el lebensraum no los afecta solamente a ellos. También en estos días el gobernador de Neuquén intenta despojar de sus espacios territoriales a la comunidad mapuche Paycil Anxiaw, que ha denunciado las agresiones sufridas ante la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos, dada su lógica desconfianza ante la Justicia nacional. Por su parte, un camión de la mina La Alumbrera derramó grandes cantidades de gasoil en el río Belén de Catamarca, dejando a toda la población sin agua debido a la magnitud de la contaminación: los comerciantes subieron los precios del agua mineral y demasiadas familias se ven obligadas a dar de beber a sus chicos agua con gasoil; lo hacen llorando al saber que los están condenando a morir. La Secretaría de Medio Ambiente tiene ojos ciegos ante el problema; por su parte, una alumna de la Tecnicatura en Medio Ambiente relata que el profesor a cargo de las materias Auditoría ambiental y Seguridad e higiene es de la Universidad de Tucumán –receptora de subsidios de esa corporación minera, así como otras universidades nacionales– y prohíbe a sus alumnos mencionar los efectos de la contaminación derivada de los derrames del mineraloducto en el suelo, en las plantas, en los animales y en las personas. En San Juan, el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares permitió que sólo para la mina a cielo abierto Pascua Lama se utilicen 200 camiones de cianuro y 2400 camiones de explosivos por año, además de agua potable en cantidades descomunales; pero el gobernador José Luis Gioja afirma que el emprendimiento carece de impacto ambiental negativo. Estos son algunos ejemplos de depredación salvaje y no se requiere demasiada perspicacia para prever sus consecuencias: el lebensraum argentino incluye cada día nuevas camadas de habitantes, coartándoles sus posibilidades de vida en una ofrenda a las nuevas razas superiores. Parafraseando a Bertolt Brecht, es posible pensar “yo no era wichí o guaraní, no era mapuche ni campesino, no vivía en Belén o en Catamarca, mi agua no venía de la cordillera, entonces callaba; ahora”...

* Socióloga, integrante de Proyecto Sur.


 

La encrucijada
Mayo 2009

Argentina enfrenta una encrucijada histórica. No solamente por la magnitud de la crisis mundial ante la cual no se vislumbran respuestas efectivas sino, además, porque en las próximas elecciones se intenta plantear una polarización entre opciones de derecha. El problema es que, siendo una crisis de sobreproducción por carencia de demanda -al igual que la de 1873 y la de l930- su superación requiere una distribución de la riqueza en gran escala, con un proyecto creativo de reivindicación nacional y social en el marco de una integración latinoamericana autónoma. Al ser abordada por proyectos de derecha, la crisis de 1930 tuvo como exponentes internacionales a Adolfo Hitler, Benito Mussolini o Francisco Franco, mientras en nuestro país triunfaba la dictadura de la década infame. Esa crisis desembocó en la Segunda Guerra Mundial: tal es la dimensión de los actuales desafíos.

En su artículo “Polos” (Página12, 12/4/09) Horacio Verbitsky alerta sobre las presiones de la derecha agropecuaria para evitar la imposición de retenciones, cuyo valor ronda los 4.000 millones de dólares. También recuerda las andanzas del ex presidente Eduardo Duhalde -quien estaría jugando detrás de Macri-Narváez-Solá- junto a los antecedentes de Alfonso Prat Gay, broker del JPMorgan y colaborador de Amalia Fortabat. La figura de Alfonsín no podría ser capitalizada por Elisa Carrió y la Coalición Cívica, si -como propone Verbitsky- se rememoran las palabras que en su momento le dedicara el líder de la UCR:”De lo peor que se puede pedir como enemiga, porque es hipócrita”. Sin embargo, la Coalición Cívica cuenta con aliados radicales que sí pueden capitalizar la conmoción causada por la muerte de Raúl Alfonsín. Que Mauricio Macri es de derecha y beneficiario del saqueo del país cuando trabajaba con su papá, nadie lo duda; tampoco se duda del oportunismo de Felipé Solá quien, al igual que Daniel Scioli “fue en forma sucesiva menemista, duhaldista y kirchnerista con parecido fervor” según remarca la nota. Nosotros remarcamos que no fueron los únicos. El peligro de esta derecha es que “tratarán de sepultar la fantasía de industrialización con pleno empleo del kirchnerismo, en beneficio del modelo agroexportador, aggiornado por las multinacionales de la manipulación genética”. Un espanto.       

La tragedia es que, para no caer en las fauces de esa derecha, la polarización nos obligaría a refugiarnos en los brazos del PJ-Kirchner con sus aliados Aldo Rico, Ramón Saadi, Luis Barrionuevo, José Luis Gioja, Jorge Capitanich o el salteño Urtubey, junto a los barones del conurbano con sus historias de gatillo fácil, zonas liberadas para el delivery u otros delitos, presiones mafiosas y similares atributos. Todos ellos respaldados por las corporaciones petroleras, la Barrick Gold, Minera La Alumbrera y demás trasnacionales de la minería depredadora, agradecidas por la eliminación de la protección a los glaciares; sin contar con los pools de soja que arrasan bosques nativos mientras crece la pobreza y reaparece una epidemia de dengue; o con el sector financiero, cuyas ganancias fueron extraordinarias gracias a la ley de Martínez de Hoz en vigencia. A pesar de haber atravesado los seis años de mayor crecimiento económico de la historia argentina, la redistribución del ingreso y la eliminación de la pobreza y el hambre quedaron como una asignatura pendiente: la prioridad fue otorgar subsidios por unos 10.000 millones de dólares anuales a las empresas amigas y a otros amigos, además de permitir el desangre de las rentas de nuestros recursos estratégicos no renovables, que son aún mayores. Otro espanto.

Convencidos de que existe una alternativa diferente, impulsamos Proyecto Sur. No es la primera vez que se intenta; pero en el Frente Grande el establishment pudo actuar con eficiencia y torcer dramáticamente el rumbo, que culminó en diciembre del 2001. Recuerdo la conversación de 1994 con Horacio Verbitsky en su oficina: me había citado para intentar convencerme de la necesidad de apoyar las políticas de Chacho Alvarez ante la polarización con el menemismo, aunque era consciente de sus falencias. La responsabilidad no fue únicamente de Alvarez; también contribuyeron, en mayor o menor medida, quienes optaron por las teorías del posibilismo y el “mal menor”, desechando la construcción de un proyecto político opuesto al neoliberalismo. En esa oportunidad preferimos la derrota y el aislamiento, antes que ser cómplices de una traición: los hechos demostraron, aunque tardíamente, la validez de nuestras razones. Ahora Proyecto Sur aparece, en la nota de Verbitsky, como una fuerza política molesta que nuevamente interfiere en la polarización contra “la derecha”: nada justifica sus comentarios, si no es la intención de desprestigiarnos. Quizás por un descuido, omite informar que el diputado de Proyecto Sur integró junto a Solidaridad e Igualdad “la solitaria excepción” de no dar quórum a la oposición para el proyecto de ley de rebaja de retenciones, en tanto esa propuesta favorecía más a los grandes productores que a los medianos y pequeños. A su vez, al final del artículo, relata una reunión convocada para promover la candidatura de Rafael Bielsa, donde “uno de los convocantes, el ingeniero agrónomo e historiador Alberto Lapolla contó que el año pasado, cuando se discutía la posición de Proyecto Sur sobre la resolución 125 de retenciones móviles, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Daniel Abrantes dijo que no podían apoyar el proyecto del gobierno, porque la Federación Agraria pagó la campaña presidencial de Pino Solanas”. En el balance pertinente -que no es trucho- puede comprobarse que los gastos de la campaña presidencial de Solanas fueron financiados con el Fondo de los Partidos Políticos administrados por el Ministerio del Interior y auditados por la Justicia Electoral correspondientes al Partido Socialista Auténtico, junto a magros aportes personales de algunos integrantes o simpatizantes de esa patriada. Aparentemente, el único valor político de Lapolla consiste en dar información sobre la dinámica interna de Proyecto Sur, aunque sea falsa; sin embargo, más grave aún es que no pueda concebir que en este país haya gente dispuesta a no vender sus ideas, sus principios, su conciencia y su trayectoria a cambio de un financiamiento, un subsidio, un cargo u otro tipo de prebendas. Es triste, pero pareciera que tampoco Verbitsky lo concibe: no es bueno que un periodista con su experiencia intente escudarse en una cita de ese tenor, para tirar la piedra y esconder la mano.