Síntesis del Proyecto sobre el Concejo de la magistratura Presentado Por Alcira Argumed
Nuestro proyecto toma como antecedente directo el anteproyecto del Dr. Beinusz Szmukler, Presidente del “Observatorio de la Justicia Argentina”, como así también tiene en cuenta los aportes de la “Federación Judicial Argentina”.Su propósito es bosquejar una reforma que contribuya a la mejora de la administración de justicia, integrada por magistrados honestos, independientes e imparciales, consustanciados con los derechos y garantías constitucionales. Esta es la orientación principal de la propuesta.
La reforma es ineludible dada la inconstitucionalidad de la composición del órgano. Esa anomalía existía ya en la ley anterior por la falta de equilibrio entre los distintos estamentos que integran el Consejo de la Magistratura. Pero fue agravada por la reforma del año 2006, que se contrapone aun más flagrantemente con lo dispuesto por el art. 114 de la Constitución Nacional, que ordena “procurar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
El Consejo actualmente está integrado por 13 miembros, de los cuales 6 son legisladores correspondiendo cuatro a la mayoría y dos a la primer minoría. Con esto vemos que la reforma del 2006 instauró que el Consejo se encuentre dominado por las fuerzas políticas oficialistas.
Proponemos en sentido contrario una integración de veintiún miembros, dado que la magnitud y la importancia institucional del cuerpo lo hacen imprescindible, correspondiendo 5 al sector de los jueces, 5 al sector de los abogados, 5 del sector legislativo, 5 académicos y científicos, y un representante del Poder Ejecutivo, que no tiene voto en la selección ni en la remoción de magistrados.
Sin embargo entendemos que cualquier reforma que sólo aborde la composición y el número de miembros no resolverá las graves falencias de funcionamiento e incumplimiento formal y sustancial de los objetivos constitucionales del organismo,
Es por ello que proponemos modificaciones al respecto. Una de ellas tiende a resolver la situación de los legisladores que, condicionados temporalmente por la agenda parlamentaria y su actividad partidaria, traban la regularidad de las reuniones de comisiones y del Plenario, y con sus votos sometidos a la disciplina de su fuerza política, muchas veces influyen negativamente en las decisiones sobre selección y acusación, contrariando así el objetivo de una justicia independiente.
Estos trascendentes motivos nos llevan a postular que los representantes del Congreso Nacional no sean legisladores en ejercicio ya que, además de su dedicación a tiempo parcial al Consejo, le restan tiempo a la función legislativa para la que fueron electos.
Otra importante modificación que introduce nuestro proyecto es que queda excluida la presencia de algún ministro de la Corte Suprema, por cuanto en su carácter de órgano jurisdiccional de última instancia, sus funciones devienen incompatibles con la función de Consejero, puesto que en virtud del Art. 14-C) ante la apelación de una sanción disciplinaria aplicada por el Consejo, el Ministro de la Corte Suprema se convertiría en Juez y parte.
por último se establece la dedicación plena a sus funciones de todos los consejeros, otorgando licencia a los magistrados durante su mandato, prohibiendo toda actividad pública o privada, y limitando al mínimo el ejercicio de la docencia.
El proyecto también propone una reforma en cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo, que en la Ley actual son los mismos requisitos exigidos para ser miembro de la C.S.J.N. La propuesta no obliga a que todos los miembros del Consejo sean abogados, lo que permite atenuar los comportamientos corporativos y tecnicistas, captar otras expectativas de justicia y el aporte de otras ciencias, a facetas sociales y políticas de la personalidad y la conducta de los aspirantes a jueces, que hoy están altamente descuidadas.
También se garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso a la magistratura de abogados y funcionarios judiciales, nulificando disposiciones reglamentarias que la desnaturalicen y se prohíbe, con base constitucional y legal, el cómputo de la antigüedad en el ejercicio profesional o judicial como antecedente a valorar en el concurso.
Por último, el Proyecto incorpora un organismo social participativo que debe colaborar con el Consejo, sin afectar sus facultades.
Se toma en cuenta que amplios sectores ciudadanos han sido los verdaderos promotores de los cambios en la justicia más celebrados, como el retroceso de la impunidad de los genocidas y el enjuiciamiento popular y posterior desmantelamiento de la Corte Suprema de mayoría automática. Estos fenómenos sociales dejan vislumbrar la existencia de una fuerza transformadora que no debe diluirse sino ser incorporada, por imprescindible, al proceso institucional de cambios judiciales democráticos y profundos.
El proceso de legitimación popular de la justicia debe avanzar con la incorporación de nuevos interlocutores sociales comprometidos en la construcción de un Poder Judicial menos aislado de la ciudadanía y que asuma con creciente vocación su deber de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos, adecuando la vida del país al paradigma constitucional.
DIFERENCIAS CON EL PROYECTO DEL OFICIALISMO Y DEL RADICALISMO:
El proyecto del oficialismo (de Alejandro Rossi) si bien propone una cuestión interesante que es evaluar a todos los jueces cada cuatro años, sigue vulnerando el mandato constitucional del equilibrio entre todos los estamentos. Porque mantiene una integración de 13 miembros, siendo 6 de ellos legisladores.
Con respecto al borrador de dictamen que elaboraron desde el despacho de Gil Lavedra, podemos decir que en nada se asemeja con el espíritu de nuestro proyecto. Y también, en nada mejora la ley actual. Todo lo contrario, modifica la preeminencia de la corporación política en el Consejo para darle una preeminencia mayor a la corporación judicial. A tal punto que en la composición no solo incluyen a un ministro de la Corte Suprema en el Consejo, sino que además sería el presidente del órgano.
Esto es inaceptable.
Por otra parte, ellos mantienen el requisito de tener que ser abogado para poder ser consejero. Ahora solo excluyen el requisito para los legisladores y para el representante del Poder Ejecutivo.
Esta es otra gran diferencia con el espíritu de nuestro proyecto. Nosotros proponemos modificar ese requisito para todos, es decir que para ser consejero no se necesita ser abogado. Y de aquí surge una muy beneficiosa consecuencia: Al no tener que ser abogados, la composición del órgano correspondiente al sector académico/científico ya no sería exclusiva de las universidades de derecho. Justamente por eso nosotros proponemos en ese punto que los académicos/científicos deben ser provenientes de universidades de derecho, de humanidades, de ciencias sociales y del CONICET.
De eso se trata democratizar la democracia. Queremos un Consejo constitucionalmente equilibrado, transparente y participativo.
De todos modos estas son diferencias con respecto a los proyectos en sí mismos. Pero la gran diferencia que tenemos tanto con el oficialismo como con ciertos sectores de la oposición, es que creemos que para la sanción de una ley de tal importancia debe darse un amplio y riguroso debate entre todos los diputados que integran las comisiones a las que tuvieron giro estos proyectos.
Hasta ahora no se ha hecho, todo lo contrario, un sector de la oposición intentó captar a otros sectores opositores en un juego de toma y daca, elaborando un proyecto para dictamen que en nada tiene que ver con nuestra propuesta, ni en la composición y otros aspectos técnicos del proyecto, ni en su espíritu, ni en el modo en el que fue tratado parlamentariamente, por fuera de lo institucional y perjudicando también a la sociedad, dado que es un tema importantísimo.
Grupo Behhh extraparlamentario
Alcira Argumedo
En el marco de una campaña que dista del fair play, algunos intelectuales y periodistas insisten en el intento de pegar a Proyecto Sur y en especial a Pino Solanas con la derecha. No dudamos en diferenciar estas críticas firmadas, de la sutil perspicacia de 6,7,8 y de los libelos anónimos que, al mejor estilo servicios de inteligencia, circulan por mails y facebooks o carteles pegados en la calle. Más allá del respeto y el afecto que siento por muchos de ellos, me permitiré hacer el ejercicio de definir sus posiciones siguiendo la lógica que emplean, entre otros, Eduardo de la Serna, Horacio Verbitsky, Luis Bruschtein, Horacio González, Rubén Dri, Eduardo Sigal o Alfredo Zaiat, para demostrar nuestros férreos lazos con la derecha parlamentaria. Nadie puede dudar que la derecha existe también fuera del Parlamento: derecha extraparlamentaria con un poder más permanente, sustentada en los grupos económico-financieros que fueran principales cómplices y beneficiarios del saqueo iniciado con la dictadura militar. En su momento le manifestamos a Eduardo de la Serna: “No me parece honesto de tu parte pretender pegar a Pino con Menem. Debieras recordar que en 1991, cuando Néstor y Cristina lo recibían festejando el siniestro desguace de YPF como un "acto de soberanía" y diciendo "aquí está el pueblo de Santa Cruz apoyando este proyecto de transformación que la Argentina necesita" (tengo videos de prueba) Pino sufría un atentado promovido por el mismo Menem, con seis tiros de ametralladora en las piernas y el anuncio que las próximas iban a la cabeza si continuaba denunciando”. Como la respuesta de Eduardo fue reiterar la pegatina, justificándola en una determinada lógica, vamos a hacer el ejercicio de utilizar esa misma lógica.
Si de fotos se trata, tenemos en estos días la de Cristina Kirchner con Franco Macri, publicada en Página12 al ser designado en Lima presidente del capítulo argentino del Consejo Interempresario Binacional de Integración e Inversiones. Conocido cómplice y beneficiario mayor de la dictadura militar y de los sucesivos gobiernos democráticos, en la mencionada lógica tal vez debemos pegar la foto de los sacerdotes del grupo Carlos Mujica o la de esos periodistas e intelectuales con la de Franco Macri. Otra foto es la de Cristina Kirchner con Peter Munk -presidente de la Barrick Gold, cuyo capital originario proviene de los Bush y del traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, vinculado con el caso Irán-Contras- junto al gobernador José Luis Gioja y al Ministro de Minería: el veto a la ley de protección de glaciares permite que en la mina Veladero se vuelquen cada año 4.000 toneladas de cianuro, para ser mezcladas con cien millones de agua potable por día a fin de separar el oro y el cobre, en el procesamiento de las rocas que quedan después de hacer estallar montañas y glaciares con 2.500 camiones de explosivos anuales. Una vez extraídos los metales, quedan para los argentinos piletas de varios kilómetros -diques de cola- de agua mezclada con cianuro, además de las fuentes de agua, la tierra y el aire contaminados. El interbloque de diputados Proyecto Sur tiene una foto con pobladores de Andalgalá, que denuncian haber sido brutalmente reprimidos por resistirse al desalojo de su pueblo, para favorecer la explotación minera a cielo abierto avalada por el gobierno nacional. ¿Debemos pensar que la foto de quienes nos pretenden pegar con la derecha sería -por carácter transitivo- junto a los directivos de Minera La Alumbrera o Agua Rica? ¿O tal vez junto a los gobernadores kirchneristas Urtubey de Salta y Capitanich de Chaco, entusiastas del desmonte de bosques destinados a soja, despojando a comunidades indígenas y campesinas o produciendo la tragedia de Tartagal, gracias a la tardanza de casi dos años en promulgar la Ley de Bosques? Sin mencionar las fotos -también por carácter transitivo- con el gobernador Insfran de Formosa o con los intendentes Ishi, Othacehe, Mussi, Coronel o Curto del Gran Buenos Aires.
Las furias desatadas contra Proyecto Sur se fundamentan en habernos opuesto a los diversos DNU destinados a pagar la deuda fraudulenta. Debe recordarse que los DNU nacieron días después de que el gobierno hiciera aprobar en noviembre de 2009 la Ley de apertura del canje de deuda, con el voto de de la derecha: el PRO, el radicalismo y sectores del Peronismo Federal. Un punto central de la propuesta programática enunciada ya en 2007, es promover una auditoría de la deuda como lo han hecho Correa en Ecuador y ahora Lula en Brasil: no vamos a traicionar nuestra palabra. Si se acepta que gran parte de la deuda es ilegítima ¿por qué convocar a la epopeya de pagarla o justificar lo injustificable; por qué acusarnos a nosotros de estar con la derecha? Se nos dice que silenciamos la acción del gobierno “que llevó a cabo la más digna renegociación de la deuda en toda nuestra historia y alcanzó una quita superior al 70% (…) enfrentado agudas críticas de muchos de quienes hoy comparten la mesa de acuerdos del partido de Argumedo” (Sigal, Página12,12/3/10). La deuda total a la fecha de dicho canje en 2005 era de 191.200 millones de dólares y se renegociaron 82.000 millones; de éstos, fueron rescatados 62.000 millones (el resto está en manos de “fondos buitres”) y al haberse emitido bonos en canje por 35.000 millones, la diferencia real entre las dos últimas cifras es de 27.000 millones de dólares. Sobre un total de 191.200 millones, la quita de 27.000 millones es un 15% y no 70%. La deuda quedó en 164.000 millones de dólares y desde entonces se pagaron unos 40.000 millones; no obstante, hoy supera los 176.000 millones: la generosidad de la propuesta actual sorprendió a los propios acreedores.
Se estima que, en términos materiales, la destrucción producida por el terremoto y el tsunami en Chile tendría un costo de 30.000 millones de dólares, con el drama de más de mil muertes. Si entre el 2005 y el 2009 Argentina pagó 40.000 millones de dólares en concepto de deuda fraudulenta, esto significa que cada tres o cuatro años sufrimos un desangramiento de recursos nacionales equivalente al terremoto y al tsunami en Chile; pero en vidas humanas el costo es mayor, dadas las muertes por hambre, miseria y enfermedades curables. De continuar con la política de pagos sin investigar la deuda ilegítima, esta situación se reiteraría hasta el 2089 o el 3012: ¿debemos suponer que quienes nos acusan de estar con la derecha apoyan esta locura con sus terribles secuelas sociales? La lógica formal tiene el recurso de “demostración por el absurdo”: es el que estamos utilizando con la intención de hacer reflexionar a quienes nos denostan. El simplismo de la lógica binaria aristotélica y la metodología de Pedro y el Lobo, tienden a plantear situaciones confusas que sólo favorecen a las corporaciones y bancos, así como a los grandes corruptos que saquean nuestro país, ocultando los reales intereses beneficiados con el sufrimiento de las mayorías. Baste recordar la tan mentada 125: quienes se oponían supuestamente estaban con la Sociedad Rural; pero quienes la apoyaban permitieron un desfalco al Estado -en su momento denunciado por Proyecto Sur- de 1.750 millones de dólares en favor del Senador por el FPV Roberto Urquía de Aceitera General Deheza, además de Bunge, Cargill, Dreyfus, Monsanto, Nidera y otras exportadoras del campo popular: el desfalco pudo concretarse, dada la amnistía a las causas de defraudación penal y el blanqueo de capitales decretada por la presidencia en noviembre de 2008. Es hora de debatir en serio, con rigurosidad y sin agravios, los grandes problemas que afectan al pueblo argentino y los lineamientos de un proyecto superador: nosotros estamos dispuestos.
